STINCO, JUAN R.: Decretos de necesidad y urgencia

STINCO, JUAN R.
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Su incorporación dentro del constitucionalismo
 
La facultad de dictar las leyes generales fue históricamente una prerrogativa a cargo del Rey o monarca en la gran mayoría de los sistemas políticos antiguos. En los albores del constitucionalismo inglés tiene lugar la dura lucha entre el Parlamento y el Rey, con el fin de obtener que determinados actos legislativos requirieran la aquiescencia del primero. Posteriormente, y de modo gradual, el Parlamento pretendió arrebatarle al Rey la titularidad y el monopolio de la función legislativa. Durante la Revolución francesa, la doctrina de la división de poderes y de la representación política consolidó el principio de que la función de creación de las leyes generales estuviera en cabeza del Poder Legislativo. Así también lo estableció la Constitución norteamericana de 1787 en su artículo 1. De algún modo, se podría decir que el siglo XIX fue el siglo del Poder Legislativo. Sin embargo, pareciera que el Poder Ejecutivo quisiera y ha logrado tomarse revancha de ese “despojo normativo” del que fue víctima durante algunos siglos. El auge de los decretos y de los reglamentos de diversa clase a lo largo de los siglos XX y XXI pareciera ser muestra de esa “venganza histórica”. El creciente ejercicio de potestades legislativas por parte del Poder Ejecutivo es una tendencia que atraviesa la práctica del gobierno contemporáneo, pero en la Argentina ello ha cobrado dimensiones particularmente graves: desde el retorno de la democracia en 1983 y hasta fines de 2018, se sancionaron 4.461 leyes y 1.139 decretos de necesidad y urgencia (DNU): uno por cada 3,9 leyes y cada ocho días.Sin embargo, el constitucionalismo no quiere resignar el bastión del “principio de legalidad” e intenta resistir la arremetida del decretismo, intentando su moderación y control. En medio de esta batalla normativa e institucional que caracteriza al gobierno moderno se sitúa la problemática que analiza este libro.
Estudio preliminar de Alfonso Santiago.
 
309 páginas.
NOVIEMBRE 2020